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Un director de Telefónica se enfrenta a un año de cárcel y una multa de poco más de 6.000 euros.
Tras años de declaraciones, recursos y apelaciones, retrasos y reclamaciones, el primer proceso penal que se abrió en España por un caso de mobbing o acoso moral en el trabajo por fin ha llegado a juicio. Y sentará en el banquillo de los acusados a un director de una de las compañías más importantes, nada más y nada menos que Telefónica, que también deberá responder como responsable civil subsidiaria.
La víctima, Manuel Paracuellos, es un ingeniero que trabaja desde hace más de 30 años en la sede que tiene la empresa en Barcelona.Su pesadilla empezó hace casi un lustro.
En diciembre de 2000, Paracuellos solicitó su inclusión en el convenio colectivo con la intención de mejorar sus condiciones laborales, para lo que estaba legitimado, pero no bien visto.Desde ese momento, el superior jerárquico del trabajador, el por entonces gerente Jorge Aragón, inició una «auténtica persecución» con la intención de que «se viera abocado a abandonar la empresa para proteger su identidad física y psíquica», cita la denuncia.
Según el ingeniero, le humillaron frente a sus compañeros, le quitaron el teléfono y la plaza de párking. Además, colocaron su mesa en medio de la sala y le dejaron sin actividades para que no tuviera nada que hacer. Trastornos depresivos y constantes bajas fueron el resultado del comportamiento de sus superiores.
Paracuellos intentó cambiar esta situación, pero ya no había marcha atrás. Así pues, decidió ponerse en contacto con el abogado Julián Suárez-Inclán e interponer una denuncia a la compañía por la vía penal. A pesar de que no había ningún precedente, un juez de la capital catalana admitió a trámite la querella.Era septiembre de 2002. El magistrado argumentó que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por la vía social existían diversas sentencias que reconocían el fenómeno del mobbing. Ninguna hasta entonces por la vía penal.De hecho, este letrado ha conseguido desde entonces que hayan admitido a trámite más denuncias similares. El gerente denunciado fue a declarar al juzgado y negó haber coaccionado o humillado a Manuel. También acudieron ante el juez diversos testigos, entre ellos un director general. En septiembre de 2003, fue citado a declarar el presidente de la compañía, César Alierta, pero un oportuno y sorprendente recurso del abogado del gerente -en ningún caso representante de Alierta- evitó que tuviera que venir a declarar a Barcelona.
Tras recopilar las pruebas necesarias, el juzgado concluyó la investigación. El fiscal pidió el archivo porque no hubo «violencia ni intimidación». Amparado este argumento, el juzgado cerró el caso. Pero Manuel y su abogado no arrojaron la toalla y decidieron recurrir. A finales del pasado año, el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, Carlos Mir, dictó una resolución sin precedentes al ordenar que el caso fuera a juicio. En contra de la Fiscalía, en contra del juzgado que decidió darle carpetazo, y en contra de la jurisprudencia entonces existente, el magistrado dictó una resolución en la que sentenció que el mobbing no sólo «puede ser debatido en la jurisdicción laboral, sino también debe ser perseguido por la jurisdicción penal».
No obstante, muchos meses debían pasar hasta que se señalara fecha para la vista oral. Tanto tiempo transcurrió que Telefónica ascendió al imputado a la categoría de director. Pase lo que pase, Manuel está «satisfecho» porque ha conseguido abrir camino en la lucha contra «esta lacra social». Su abogado pide un año de cárcel y algo más de 6.000 euros de multa para el acusado por un delito de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal y el abogado defensor piden la absolución.
El juez que deberá dictar sentencia ya estuvo en el punto de mira de la opinión pública. El titular del penal número 3 de Barcelona, Juan Pedro Yllanes Suárez, condenó al imán de Fuengirola por escribir en un libro cómo azotar a las mujeres. Otro tipo de violencia, esta vez psicológica, será sometida a examen en su estrado en poco más de una semana.
Fuente: http://www.elmundo.es
Octubre 2005
Caso Telefónica
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