El bajo nivel socioeconómico de la provincia, el desempleo y el absentismo escolar favorecen el incremento de la delincuencia Los fiscales advierten un aumento importante de la penalidad entre las chicas adolescentes.

Los casos de violencia se amontonan en el despacho del juez de menores de Cádiz, que no da abasto con las denuncias presentadas por la Fiscalía. El problema es que la mayoría de los casos de este área prescriben al año de haberse cometido, una situación denunciada por los propios fiscales que reconocen que en ocasiones no se puede atender el gran volumen de trabajo.

Cádiz es una provincia especialmente conflictiva en lo que a menores se refiere. Jesús Gil, fiscal especializado en este tipo de casos, explica que la existencia de grandes núcleos urbanos, el nivel económico medio-bajo de la población, o el elevado índice de absentismo escolar provocan que los casos de violencia se disparen así como los delitos. «Muchos menores pasan todo el día en la calle, ni estudian ni trabajan y eso les lleva a consumir sustancias estupefacientes o bien a delinquir», subraya el fiscal.

Recientemente se han disparado los casos de violencia doméstica de estos menores hacia sus padres, hermanos y abuelos. Además, esta misma violencia se traslada del hogar al centro educativo donde en los últimos meses se han registrado numerosos casos de mobbing. El juzgado de menores ha condenado en los últimos meses a dos jóvenes por este motivo, sin embargo, la especial protección que siempre rodea a los menores impide que estos hechos trasciendan.

Por otro lado, los fiscales de Cádiz observan que cada vez son más las menores que comenten delitos, aunque suelen ser menos graves que los de los varones. «No se puede hablar de una paridad, pero es cierto que la penalidad se ha disparado entre las chicas», apunta Jesús Gil.

Una Fiscalía eficaz

Desde hace cinco años, Cádiz es una de las tres provincias andaluzas que disponen de una Fiscalía dedicada exclusivamente a los menores. Este organismo está compuesto por un coordinador general, un coordinador de protección y cuatro fiscales. Además, existen tres equipos técnicos dedicados a orientar a los fiscales sobre la situación psicosocial de los menores.

Cádiz tramita un número de casos similar al de municipios como Granada o Sevilla, y la Fiscalía es una de las más ágiles.

Sólo hay dos juzgados de menores en la provincia, en Algeciras y en la calle San Francisco, en Cádiz. Jerez contará con una Fiscalía de Menores a finales de año, con lo que se descongestionarán las dependencias de la capital.

Son dos las funciones principales de estos fiscales especializados, el derecho penal y la protección de menores. En este último caso los fiscales desempeñan funciones de coordinación y vigilancia, principalmente, pues es la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales la que tiene las competencias. Las funciones de la Junta de Andalucía en materia judicial se circunscriben a la administración y mantenimiento de sedes y a la gestión de recursos humanos, excluyendo a jueces y fiscales, que dependen del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado, respectivamente.

En cuanto al derecho penal, los fiscales se limitan a instruir y acusar los numerosos casos que se presentan y es el juez el que dicta la medida.

El fiscal Jesús Gil explica que actualmente en los centros de menores de la provincia no hay plazas suficiente e incluso se ha llegado a suspender por ello una medida o bien a trasladar al menor a otra provincia.

El caso de Clara García

El asesinato de la joven de San Fernando Clara García a manos de Iria y Raquel, dos compañeras de instituto, fue un caso muy sonado debido a que se les impuso una condena por asesinato. Esta pena, la máxima prevista en la nueva Ley del Menor, se tradujo en una medida de internamiento en régimen cerrado durante un período de ocho años.

En la actualidad ambas jóvenes están en centros de Galicia y Madrid, respectivamente, recibiendo atención terapéutica. En el año 2001 fueron condenadas a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada.

Estas dos chicas ya han cumplido la mitad de su condena y el juez ha revisado su caso, permitiendo que una de ellas optara a un régimen semiabierto. La Fiscalía de Cádiz presentó un recurso alegando que Iria no había adquirido el nivel de madurez suficiente para disfrutar del nuevo régimen de internamiento y que pretendía obtener con éste un beneficio personal y no una situación beneficiosa para su reinserción.

Aunque las menores ya tengan más de 20 años, siguen cumpliendo condena en un centro de menores. El fiscal Gil aclara que sólo en contadas ocasiones se lleva a cabo el traslado de los menores a un centro penitenciario convencional cuando acceden a la mayoría de edad durante el cumplimiento de una sentencia.

Edad y trayectoria

Las medidas pueden ser de diversos tipos y comprenden desde la amonestación hasta el internamiento en régimen cerrado. A la hora de establecerlas, los jueces tienen en cuenta especialmente la edad, las circunstancias personales y sociales, la personalidad y el interés del menor.

Son muchas las novedades que se introducirán tras la aprobación de la nueva Ley del Menor, lo que podría ser una realidad dentro de escasas fechas.

Entre otros aspectos, el contenido en la nueva adicional es que, una vez evaluada la aplicación de la ley, que entró en vigor en 2001, y oídos el Poder Judicial, la Fiscalía, las autonomías y los diferentes partidos, se sancionarán con más firmeza los delitos de especial gravedad que cometan los menores. En este sentido, se podría prolongar su período de internamiento, mandar su cumplimiento en centros con más medidas de seguridad y trasladarlos a prisiones ordinarias cuando superasen los 18 años.