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El Procurador del Común detecta acoso laboral de la Junta a una ayudante técnico de Radiología

 

La afectada acusa a Sanidad de «persecución y hostigamiento» por haber denunciado «excesos de radiaciones» en mamógrafos móviles La consejería elude hacer declaraciones «al estar pendiente una reclamación de responsabilidad patrimonial» de la empleada.

Doce años de acoso laboral, «hostigamiento y persecución», «insultos y vejaciones» son el resumen y contenido de las múltiples denuncias y quejas presentadas por una ayudante técnico de Radiología de la Junta. Ahora el Procurador del Común ha emitido un informe en el que constata el daño psicológico y profesional sufrido por Eva María C., una leonesa de 39 años en la actualidad, que ha dedicado veinte años de vida laboral a la administración incluso con escritos felicitando su labor de responsables de la Consejería de Sanidad.

El documento del Procurador, Javier Amoedo, recoge que la persecución laboral comenzó con la denuncia por parte de Eva María de las averías y fallos de las unidades móviles de mamografía de los programas de prevención del cáncer de mama y, en especial, de las «pérdidas de radiación excesivas» no permitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear tal y como había detectado en una inspección la técnico de la empresa Proinsa al hacer una revisión periódica oficial en marzo de 1996 del mamógrafo de Valladolid, la VA 7886-U. La denunciante, que padece actualmente una minusvalía reconocida del 15% por trastorno psicológico, accedió a su puesto de trabajo en una convocatoria pública de la Junta en 1994, antes había trabajado cuatro años en el Insalud y uno en la privada.

Desde el principio, transmitió a varios cargos de Sanidad las deficiencias de los aparatos y de la organización. El propio contrato le exigía detectar y comunicar cualquier tipo de problema y, en particular, lo que respecta a medidas de protección radiológica. Eva María ha trabajado para la Junta como personal interino desde 1994 hasta junio del 2006, fecha en la que la Administración regional amortizó su puesto y no tuvo asignado ninguno desde que fue dada de alta, de una incapacidad temporal que le afectaba, desde enero del 2005 a mayo del 2006, fecha en la que se le da a la empleada una atribución temporal de funciones en el Complejo Asistencial de León donde estuvo siete años como auxiliar administrativo, una categoría laboral que no le correspondía, en un mostrador de un pasillo del hospital en un puesto «legalmente inexistente».

Salario sin tarea

Durante quince meses, Eva María percibió su salario sin tener tarea alguna asignada. Una situación que supuso la presentación de denuncias ante la Consejería de Sanidad, ante la Secretaria General de la misma y ante Sacyl con fecha del día 15 de febrero del 2006 «sin resultado alguno». El Procurador del Común destaca que Sanidad alega para justificar haber retribuido a la trabajadora sin que prestara servicios que «por distintas circunstancias no se ha tenido conocimiento de su alta médica dado que el informe de alta llegó a otra unidad administrativa». Indica a este respecto el Procurador que la no asignación de tareas pagadas es un indicio de acoso laboral.

Especifica además este informe que los problemas laborales solo tuvieron lugar después de que Eva María comenzara a denunciar las irregularidades de las unidades móviles mamográficas de la región.

Revela que los escritos remitidos a la Junta por la trabajadora dieron lugar a «represalias, insultos y vejaciones contra la denunciante que ocasionaron la baja médica en abril de 1996» por «afectación depresiva asociada a una situación de estrés laboral con cuadro ansioso-depresivo», según informe médico.

Destaca asimismo el Procurador que las «pésimas condiciones de las unidades móviles mamográficas no solamente fueron denunciadas por la empleada» sino que constan en un documento del propio Servicio Territorial de Sanidad de Burgos, del día 24 de mayo del 2002, en el que se especifica que las conclusiones a las que llegó el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica de la unidad del centro de salud de Fontiveros, en Ávila, es que «el alineamiento del campo de radiación con la película y el campo de radiación con el campo de luz están fuera de tolerancias». También los jefes del programa de Palencia reconocen por escrito ser conscientes del «mal funcionamiento de los aparatos».

Repasa asimismo el Procurador que las irregularidades denunciadas por esta técnico se refieren también a deficiencias en dietas y manutención facilitados por Sanidad, hasta el punto de haber vuelto con pulgas de un alojamiento.

Considera además como dato relevante que apunta a un acoso laboral el hecho de que el estado de salud de Eva María haya sufrido «un gravísimo deterioro desde que comenzó a realizar reclamaciones ante las irregularidades» que, en su criterio, observaba.

Secuelas

La trabajadora ha estado tratada tanto por un equipo de salud mental público de León como por un psicólogo y ambas valoraciones coinciden en relacionar los síntomas con la situación laboral.

Reclama en base a todo esto el Procurador, que ante la falta de contestación de la Junta desde que emitiera en noviembre el informe, ha vuelto el pasado día 15 a requerir que la Consejería de Sanidad dé respuesta expresa sobre los daños y perjuicios de carácter moral sufridos.

Además, de la queja presentada y atendida por la oficina de Amoedo, la afectada presentó una demanda de responsabilidad patrimonial el pasado mes de septiembre que Sanidad todavía no ha resuelto. La Consejería ha eludido hacer declaraciones respecto a este caso y al informe del Procurador al entender que abierta la vía administrativa «deberá ser la trabajadora la primera en recibir la información».

EL 'MOBBING'
Acoso laboral: Esta figura jurídica, según el informe del Procurador del Común, implica una situación en la que se ejerce una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre una persona en el lugar de trabajo con la finalidad de eliminar las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr, finalmente, que abandone el lugar de trabajo.

Una década de deficiencias Sin plaza en la Transitoria IV

Las deficiencias, averías y fallos que recoge el informe del Procurador del Común y los documentos de los propios servicios sanitarios o de la inspección al hacer revisiones afectaron a los cuatro aparatos de las unidades móviles al menos desde 1994 y fueron retirados el año pasado. Según los documentos del servicio de protección de la Salud de Zamora, en un periodo de 315 días - laborales fueron 207- hubo fallos y averías 118 días. La ayudante técnico de Radiología hacía una media de cien mamografías diarias, a veces llegaba casi a las doscientas, para los programas de prevención de cáncer de mama cuando en un hospital se suelen citar unas veinte usuarias.El presunto acoso laboral sufrido por Eva María C. llega al punto de haber afectado a su consolidación de empleo de la Transitoria IV y a la pérdida de su plaza, una denuncia que ya está en manos de los jueces y pendiente de resolución. Esta ayudante técnico perdió su plaza «pese a tener mayor puntuación que M. J. C. que está admitida y no le corresponde la plaza que lleva tres años ocupando, como figura en las actas que la Junta depositó en el Juzgado», según explica el padre, Marceliano C. Según el recurso presentado, Eva llegó a figurar en la relación de admitidos y después desapareció de la misma aunque hay vocales testigos de que figuró en la misma.

«Mi hija se negó a retractarse»

A la familia de Eva María le cuesta entender que a una persona apasionada por su trabajo y con cartas de reconocimiento de la propia Consejería de Sanidad pueda volvérsele con toda contundencia la fuerza del poder en busca de acallar unas graves irregularidades que además afectan a la salud de los trabajadores y de las usuarias de las unidades de mamografías. Así lo explica su padre, Marceliano C., quien junto a sus dos hermanas y, en especial, a su madre, aún vive una pesadilla que dura doce años. «Le pidieron que se retractara de sus denuncias e, incluso, le hicieron el escrito que se negó a firmar. Esta todo documentado», explica Marceliano.

El padre de Eva explica asimismo que «esperamos tanto para adoptar medidas porque el acosado no acaba de ser consciente de que lo están destruyendo, además ella ocultaba sus problemas y no sabíamos que estaba tan mal y, después, porque estaba a punto de consolidar la plaza con la Transitoria IV y merecía la pena aguantar, pero hasta esto le han quitado». Esta familia ha visto sufrir y llorar a su hija, una «auténtica tortura psicológica que ha terminado por maltratarnos a todos».

http://www.nortecastilla.es
Febrero 2007

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