El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado a FEVE a indemnizar con 33.687 euros al que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Nordeste, el abogado Guillermo Pérez-Cosío, por los daños y perjuicios causados al ser sometido a una situación de acoso en el trabajo.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Social, declara probado que «bajo la apariencia de una importante reorganización empresarial», tras el nombramiento de Dimas Sañudo Aja como nuevo presidente de FEVE, se creó en la compañía un «clima de persecución, motivado por una actitud de hostigamiento y discriminatoria», que repercutió en la salud del letrado, que sufrió una «importante degradación profesional».

El asesor jurídico, que prestaba sus servicios para la entidad pública desde 1982, pidió la extinción de su relación laboral con FEVE, por la que será indemnizado con 213.855 euros. Pero además reclamó una indemnización de 67.375 euros por daños y perjuicios por el acoso laboral sufrido. La Sala reconoce que la situación de acoso y hostigamiento al trabajador le ha generado un trastorno de ansiedad, aunque no una depresión mayor, por lo que pondera la indemnización en la mitad de la cantidad reclamada (33.697 euros).

El cambio en la presidencia de FEVE provocó el cese de una buena parte del equipo de dirección de la empresa: el director de Recursos Humanos fue despedido, aunque una sentencia posterior declaró nulo por discriminatorio su despido; el gerente de Organización fue relegado, llegando a un acuerdo de extinción de su relación laboral, y el asesor jurídico fue también degradado, al pasar de responsable de los servicios jurídicos a los talleres de FEVE, dependiendo jerárquica y funcionalmente del director gerente, un responsable de 28 años, con una antigüedad de cuatro en la empresa, un nivel salarial inferior y funciones de programador.

El magistrado ponente de la sentencia, Rubén López Tames, subraya que dicha modificación supone un «menoscabo» al respeto que merece el letrado ante sus compañeros de trabajo y ante sus jefes, porque le priva de «posibilidad de acción como jurista de gran valía y se crea en los demás una impresión de caída en desgracia combinada con el hecho de la degradación efectiva».

Fuente: www.eldiariomontanes.es
Enero 2006