Desde hace dos años (enero de 2000) percibo una actitud abiertamente hostil por parte de mis superiores que se ha manifestado de múltiples maneras en los terrenos laboral, sindical y personal. Con descalificaciones profesionales por parte de la Jefa de Servicios Sociales y el político responsable del Area (Sra. ........ y Sr. ..........) ante otras personas con las que necesariamente tengo que cumplir mi encargo laboral (jefes de otros departamentos, compañeros, directores de centros escolares, representantes de padres/madres...).

En unos casos hubo convocatorias falsas: se me convocaba personalmente a una reunión a la hora que ésta finalizaba, lo que "justificaba" acusaciones públicas de no colaboración (febrero 2000) e impidiendo la posibilidad de dar una explicación. En otros casos se mentía vilmente a mis espaldas, como en la no concesión de becas municipales de comedor escolar (octubre 2000) que se me atribuyó como si no hubiera cursado la documentación en los plazos establecidos, cosa absolutamente incierta.

Cuando fui informado por los propios receptores de la intoxicación, comuniqué mi queja, a través del correo electrónico, a la Jefa de SS. Sociales y le manifesté que había faltado a la verdad al culparme de la no concesión de becas. Fui convocado a una reunión en su despacho un viernes (19/01/01) y después de un larguísimo intento de cuestionamiento técnico, que concluyó al acabar mi jornada laboral, no hubo resquicio por donde justificar lo injustificable.

El proceso de acoso se intensifica a partir de octubre de 2000, coincidiendo con la sentencia favorable de la Magistratura de Trabajo a una demanda de recalificación profesional presentada en marzo de 2000, después de agotar la vía administrativa. En ella se me reconoce el nivel solicitado desde entonces. La Empresa inicia una vía de recursos, pese a que la propia sentencia lo impide, amparándose en que es administración pública y actúa desde el interés general, con la exclusiva intención de perjudicarme.

Paralelamente la Jefa de Servicios Sra. ......, autora intelectual de esta siniestra trama, inicia un proceso de reconocimiento profesional del colectivo, incluyendo a los compañeros que no tienen la titulación necesaria, del que se me excluye expresamente, pese a que mi titulación no ofrecía dudas. Este proceso concluye con un decreto del Alcalde Sr. ......... de mayo de 2001, en el que se reconoce el nivel a todo el colectivo de compañeros que siguieron el proceso mencionado y a alguno más.

A este decreto se vincula una modificación de horario que solicité por escrito un año antes a la Jefa de Servicios Sociales (24/01/00). También se me excluye en solitario del beneficio horario argumentando que yo soy "de otro paquete". Esta explicación fue dada a un compañero y, al no estar presente, ignoro dónde puso la mano mientras lo decía.

Durante este largo proceso mi encargo laboral se ha visto afectado por múltiples interferencias y, pese a que dispongo de 30 horas al mes de dedicación sindical, no se ha considerado oportuno ni reducir el encargo ni sustituirme durante el horario sindical, en contra de lo que establece la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical).

En junio de 2000 fui agredido injustificadamente por un trabajador vinculado al partido del gobierno municipal durante el horario laboral, las lesiones me mantuvieron de baja once días. La empresa se negó a pagar el importe de las gafas (incumpliendo el Convenio Colectivo) ya que la agresión fue presentada como accidente laboral (según consta en el parte emitido por la clínica oftalmológica de la Mutua ....), aduciendo que lo tenía que reclamar al agresor por la vía penal.
Así se hizo pero, inexplicablemente, el caso fue archivado en el Juzgado de ...... al considerar que fue accidental. Nuevamente abierto, se celebró juicio el 05/06/01 y la sentencia me fue favorable, condenando al agresor a multa, indemnización, pago de daños y costas. La Empresa, por su parte abrió expediente disciplinario al agresor que resolvió con una sanción de 16 días de empleo y sueldo, pero un año y medio después de los hechos no se ha hecho efectiva tal sanción.

En los meses de marzo y abril de 2001 he recibido advertencias-amenazas de despido en repetidas ocasiones por diferentes personas vinculadas al partido del gobierno municipal.

De junio a noviembre de 2001 he permanecido de baja, y desde el primer momento de mi reincorporación ha continuado el trato degradante y discriminatorio, con incumplimientos del Convenio sin otro fin que el de hostigarme, en algún caso ha quedado sólo en el intento ante la reacción sindical.