Un técnico de la ULPGC denuncia ser víctima de 'mobbing' desde 1998

"Yo sólo quiero trabajar". Éste es el único deseo de Antonio Ramírez, técnico especialista del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que desde hace más de dos años espera una resolución por parte del Juzgado de lo Social sobre su demanda por acoso laboral. Un maltrato que, según asegura Antonio, comenzó a sufrir hace ahora siete años.

Después de cinco años soportando y denunciando ante las instancias académicas una situación de acoso y maltrato profesional, Antonio Ramírez ya no pudo aguantar más y decidió recurrir en marzo de 2003 a la Justicia solicitando una solución para el "estado de vejación y menosprecio" al que se le venía somentiendo desde 1998 y, según asegura, todavía hoy continúa. Dicha demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Social en abril de 2003 y, hoy por hoy, Antonio sigue esperando una resolución judicial referente a su caso.

Mientras tanto, este técnico especialista continúa, según explica, sufriendo a diario una "total indefensión" ante unas circunstancias laborales donde no han cesado las "persecuciones y vejaciones" por parte de sus superiores y con el "beneplácito de la Dirección del Departamento -bajo la tutela de Aurelio Vega Martínez- y, en última instancia, del gerente de la ULPGC, Francisco Quintana".

Un "menosprecio" caracterizado fundamentalmente por haberle dejado sin las funciones que le correponden de acuerdo a su perfil profesional de la ULPGC, algo que, asegura, le ha ocasionado un "considerable daño" no sólo en sus derechos profesionales, sino también en su salud psíquica -Antonio llegó a estar varios meses de baja médica por ansiedad y depresión-.

Antonio Ramírez sostiene que esta falta de ocupación efectiva tiene su origen en la incorporación de la figura del responsable de laboratorio. "Un docente, cuya función no está contemplada en ningún organigrama" -aunque más tarde fue aprobada por el Consejo del Departamento, de cuya Dirección "emanan las presiones y actitudes de acoso"-.

Según explica, los responsables de laboratorio -en este caso, Juan Manuel Sosa Navarro y Manuel Enríquez Chaves- en principio sólo se encargaban de gestionar el presupuesto del laboratorio, "pero con el tiempo han ido asumiendo las funciones de los técnicos", entre otras, coordinar y organizar las tareas que se desarrollan en el laboratorio, así como organización, suministro y, en ocasiones, custodia de todo el material existente.

Una simple queja, el origen de la 'pesadilla'

Antonio relata que su pesadilla empezó a raíz de una queja presentada en julio de 1998 a diversos responsables del Departamento (entre ellos, el que más tarde sería su jefe de Servicio, Alfonso Medina Escuela) donde manifestaba su "descontento" por lo que consideraba una "práctica de marginación y menosprecio laboral". Al respecto, advertía de que se le estaba ignorando "absolutamente a la hora de adoptar distintas medidas e iniciativas en el laboratorio de electrónica digital", uno de los tres bajo su cargo.

A partir de entonces se le ha ido relegando de la mayoría de sus cometidos, encomendados ahora a oficiales de laboratorios, personal que antes estaba bajo su coordinación, y que además ostentan una categoría inferior a la suya. Con todo, su labor ha quedado totalmente "vacía de contenido", llegándose a limitar en dos de los laboratorios a "funciones de apertura y cierre".

Antonio tacha esta situación de "humillante ociocidad durante la mayor parte de su jornada", agravada aún más si cabe "por su notoriedad y exhibición ante el conjunto del personal y los alumnos".

Su caso ha sido denunciado formalmente en numerosas ocasiones ante los responsables de la comunidad universitaria -Gerencia, Secretaría General Técnica, Defensor de la Comunidad Universitaria y el propio Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática- tanto por el Comité de Empresa como por él mismo.

Todo ello, con el único objetivo de "intentar solventar la situación con todos los medios" a su alcance y "ante los distintos estamentos" universitarios antes de acudir a los tribunales.

En su demanda judicial, Antonio Ramírez Quevedo solicitaba al juez "ser restablecido en la plenitud del ejercicio de las funciones propias de su categoría profesional", así como una indemnización de 18.000 euros por el daño moral y profesional causado.

Fuente:http://www.canariasahora.com
28 de julio de 2005