Una funcionaria de San Bartolomé de Tirajana vuelve a denunciar 'mobbing'

María del Carmen Almeida no ve final para la "persecución salvaje" que desde casi cuatro años lleva sufriendo por parte del actual Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de donde es funcionaria hace 24 años. Ahora y coincidiendo con la moción de censura presentada contra el alcalde Marco Aurelio Pérez, María del Carmen comprueba cómo "se está repitiendo la misma historia".

María del Carmen Almeida ha ganado ya cuatro juicios por la vía de lo Constencioso Administrativo contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por acoso moral en el trabajo (mobbing). Una de las sentencias obligó al Consistorio sureño a indemnizar a la trabajadora con casi 27.000 euros y a devolverle las competencias en el departamento municipal de Disciplina Urbanística de las que poco a poco se le fue relegando.

Hace pocos meses que se ha reincorporado a su puesto de trabajo después de una larga baja médica por ansiedad y depresión, fruto de una "persecución salvaje" a partir de su apoyo al anterior alcalde, José Juan Santana, el día en que fue desbancado en noviembre de 2001 por medio de una moción de censura del PP, PSC y un tránsfuga de CC.

Ahora, casi cuatro años después de que comenzara su pesadilla, empieza a ver "más de lo mismo", justo al día siguiente de que se registrase una moción de censura contra el actual alcalde, Marco Aurelio Pérez, por parte de los grupos municipales de Nueva Canarias, PSC-PSOE y CCN.

Según explicó a CANARIASAHORA María del Carmen, el lunes 11 cuando atendía a un ciudadano en el departamento de Disciplina Urbanística recibió un mensaje en su ordenador que le indicaba que su equipo había sido bloqueado. Luego averiguó que el Servicio de Informática había recibido órdenes "por escrito" del área de Nuevas Tecnologías.

A la vista de lo que suponía una "clara" evidencia de las "intenciones" de los responsables municipales, María del Carmen no dudó en acudir al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana para interponer la correspondiente denuncia. Transcurridas unas dos horas, esta funcionaria regresó a su puesto de trabajo y comprobó cómo le había sido retirado su equipo informático y, en su lugar, había una nota de uno de sus compañeros de Informática en la que le comunicaba que le había sido asignado el ordenador de otro empleado.

Una decisión que supuso una limitación para poder ejercer su labor cotidiana, dado que "es en mi equipo donde guardo los archivos que suelo utilizar en mi trabajo diario".

Este miércoles, dos días más tarde de que sucediesen estos hechos, María del Carmen dio entrada en el Registro Municipal un escrito dirigido al alcalde para informarle de lo que había pasado y donde además le recordaba que el Ayuntamiento fue "condenado por sentencia firme" a indemnizarla por vulneración de sus derechos fundamentales al haber sido víctima de acoso moral en el trabajo.

La empleada pública expuso en su escrito su más firme convicción de que lo que estaba sucediendo "es más de lo mismo, es decir, de nuevo se me persigue por mi condición de militante de Nueva Canarias [uno de los grupos firmantes de la moción de censura contra Pérez]". "Además -añade- se da la circunstancia de que soy esposa de uno de los concejales electos y miembro del grupo político NC".

Un nuevo traslado y posible querella criminal

María del Carmen Almeida no deja de sorprenderse. Este jueves a primera hora de la mañana la Policía Local la esperaba a las puertas de su casa para notificarle un Decreto de Alcaldía por el que se ordenaba su traslado a las Oficinas Municipales ubicadas en la Casa de Saturninita, en San Fernando de Maspalomas, "para la realización de las mismas funciones que ya tiene atribuidas, al encontrarse en dicho lugar la Oficina Técnica temporal" del Plan General de Ordenación Urbana.

La trabajadora considera que los acontecimientos suponen un nuevo caso de mobbing, demostrando auténtica "cizaña y odio contra mi persona". "Se han tomado unas decisiones contra mí por encima de la Ley y del Estado de Derecho", obviando que "hay cuatro sentencias judiciales" que condenan la forma de actuar del alcalde popular y varios de sus colaboradores -entre ellos, el concejal de Urbanismo en el anterior mandato, el tránsfuga Juan Francisco Ramírez-.

María del Carmen Almeida cada día tiene claro acudir de nuevo a la Justicia, esta vez por la vía de lo penal para presentar una querella criminal contra el todavía alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Fuente: http://www.canariasahora.com
15 de julio de 2005