El reconocimiento de la existencia de mobbing o acoso moral en el trabajo ha servido para que a instancias de la víctima, el Juzgado de lo Social número 2 de Navarra en sentencia de 24 de septiembre de este año extinga la relación laboral y al menos la víctima sea indemnizada por la empresa con casi cinco millones de pesetas.

Con ésta, son siete sentencias favorables a las víctimas en cuatro casos de acoso moral desde los tres juzgados de lo Social que reflejan la probable gran amplitud del miedo como método de gestión de personal implantado en las empresas y el fracaso preventivo y sindical ante las actuaciones constitutivas del hostigamiento en el puesto de trabajo. Tras las novedosas sentencias reconociendo como accidente laboral tres casos de trastornos psicológicos derivados del hostigamiento en el trabajo, este problema, junto a los que se dan con las Mutuas derivados del ejercicio de sus numerosas competencias, se ha convertido en la causa de consulta más frecuente en las organizaciones sindicales. Acuden las personas con casos avanzados, con bajas repetidas, sometidas a importante medicación; la punta de un iceberg por dimensionar.

Los resultados visibles de los casos de acoso son las siete sentencias favorables y un peregrinar institucional y legal realizado ya, desde las asesorías jurídicas y de salud laboral, con la pericia del paseante experimentado en caminos conocidos. Pero, ¿qué pasa en las empresas con esas víctimas psicológicamente destrozadas, naufragadas en sus miedos y fobias, en su inseguridad crónica, con relaciones familiares y sociales muchas veces desestructuradas, y un porvenir laboral seriamente cuestionado? ¿Qué es de los acosadores, perversos en sus prácticas, victoriosos al parecer en el logro de sus objetivos?

En todos los casos que hemos atendido en este último año las víctimas han sido alejadas de la exposición pero nunca se ha actuado sobre el origen del riesgo, el propio agresor. Las víctimas han logrado reubicaciones o traslado de puesto de trabajo, continúan con bajas médicas, han conseguido excedencias, son despedidas, se les concede la incapacidad permanente, han abandonado el trabajo, o se han suicidado sin haberse reconocido en la mayoría de los casos su origen laboral. Este es nuestro haber, y digo nuestro desde el reconocido compromiso de nuestro sindicato por dar a conocer la realidad, importancia y gravedad de las consecuencias del hostigamiento en el trabajo.

En las intervenciones en una reciente jornada técnica sobre el acoso desarrollada por el Instituto Navarro de Salud Laboral se plasmaron la diferencias de expectativas de solución entre los técnicos y las víctimas presentes en la jornada. Para los primeros el problema se centraba en la atención médica a la víctima y se demandaba el reconocimiento legal del problema y su inserción en el listado de las enfermedades profesionales, mientras las víctimas, además de sentirse desprotegidas, expresaban su frustración por su derrota, por su enfermedad, por el empeoramiento de su situación en el trabajo, por su expulsión laboral y por la impunidad de los agresores. Reclamaban (repetían clamorosamente) también un cambio en los comportamientos del INSS, INSL, Inspección de Trabajo, Mutuas, servicios de Prevención, Sistema Sanitario...

El discurso común de las víctimas del acoso psicológico en el trabajo partiendo del relato del sistemático, e inicialmente tenue, ataque personal nos va derivando a la desprotección de los trabajadores ante la jerarquía discrecional en las empresas, a la transgresión de derechos laborales reconocidos, a prácticas perversas habituales de dirección, a deficiencias en la organización del trabajo, al desprecio empresarial por la planificación preventiva, a la ausencia de intervención del sistema de salud laboral (de las empresas y de las instituciones), a la ilegítima exclusión del trabajo y por último a nuestra debilidad sindical a la hora de garantizar el derecho a la dignidad en el trabajo.

Hay que distinguir la intervención sindical preventiva frente al acoso constituida por nuestras prácticas contra las políticas económicas favorecedoras de la desprotección y debilitamiento del ejercicio de los derechos laborales, nuestro impulso de la prevención frente a la generalizada desidia empresarial, nuestras intervenciones en la organización del trabajo favorablemente a las trabajadoras y trabajadores de la atención sindical a las víctimas del acoso.

La atención a las víctimas de acoso parece entenderse desde lo individual, asesorando de los instrumentos judiciales y sanitarios, no sindicales. La plasmación de este enfoque es el que nos conduce al estupor de la víctima, desplazada, y al éxito del agresor. Es preciso actuar colectivamente contra las prácticas de acoso. El agresor debe ser sancionado, apartado de puestos donde ha producido el daño, la empresa debe informar de su rechazo ante las prácticas que constituyen el acoso y de su voluntad de perseguirlo y sancionarlo, y la víctima debe ser resarcida en sus derechos laborales y morales. El movimiento sindical no puede ser cómplice de la protección del agresor desde la no intervención de la empresa, no puede interpretarse a sí mismo como un mero dispensador de servicios jurídicos para lograr la mejor indemnización por rescisión de contrato o despido improcedente, no puede quedarse en lograr una reubicación siguiendo los procedimientos establecidos o presionar el cambio de puesto de la víctima y menos debe escribir bonitos discursos para hacer lo contrario de lo predicado.

Para evitar las prácticas de acoso los agresores y agresoras deben saber que estamos dispuestos a ponerle cascabel. Los sindicatos debemos dejar muy claro a los acosadores, sean jefes o compañeros, que quien va a perder en todo este proceso es el agresor, debemos mostrarles que entre sus ambiciones y la víctima estamos el resto de trabajadoras y trabajadores. Las empresas, las administraciones y sus responsables deben saber que su imagen pública también va a depender de su respuesta a este problema. Las víctimas experimentarán así la coherencia de nuestro discurso y práctica. Seguramente así no se presentarán tan solas, incomprendidas, estigmatizadas y por fin esperanzadas ante las y los jueces.

GARA (30/11/2001).