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No podía imaginar yo los efectos tan destructivos que puede producir el mobbing en las víctimas que lo padecen, hasta que lo he comprobado directamente a través de los daños que este fenómeno está produciendo en la salud de mi compañero en el grupo parlamentario socialista José Luis Úriz, el cual fue despedido de Onena por este motivo el pasado día 14 de marzo. Con este artículo de opinión quiero transmitirle a él y a todas las personas que sufren acoso moral en el trabajo mi total apoyo y solidaridad, al tiempo de denunciar esta repugnante práctica que provoca irreparables efectos negativos en las víctimas que la sufren.
Esta práctica de psicoterror laboral es utilizada por algunos empresarios bajo la creencia de que un estilo de mando autoritario, de hostigamiento y de presión sistemática hacia las personas subordinadas, consigue una mayor rentabilidad por el desgaste psicológico y la humillación que ese acoso moral produce en sus empleados.
El último eslabón de esta endiablada cadena aparece cuando el acosador decide poner fin a la relación laboral con el acosado a través del instrumento más temido por los trabajadores: el despido. Pero antes, la víctima ha tenido que pasar por un durísimo calvario repleto de innumerables vejaciones y discriminaciones en su trabajo. Éste es el caso de mi compañero José Luis, el cual ha sido objeto de persecución y hostigamiento durante más de ocho meses por parte de su jefe y acosador Iñaki Mendizábal, hasta que éste ha decidido acabar definitivamente con él, procediendo a despedirlo después de llevar 37 años trabajando en Onena.
Para justificar su injustificable conducta, la dirección de la empresa argumenta que Úriz ha cometido fraude por «cobrar dinero de Onena indebidamente, falseando los motivos de sus salidas del trabajo». Asegura que éste ha utilizado horas sindicales por su condición de representante sindical para acudir a reuniones del Parlamento.
Los juristas saben muy bien al igual que lo sabe la empresa que estos asuntos se dirimen con otros procedimientos más sencillos y prácticos como por ejemplo el descuento en la nómina de lo abonado indebidamente, incluso el propio Úriz le indicó a la dirección de Onena en más de una ocasión que le descontara esas cantidades. Pero el objetivo de la empresa en este caso no es recuperar las cantidades económicas teóricamente mal abonadas, sino inventarse una nueva y última acusación con el único fin de destruir psicológicamente a su víctima utilizando el arma que más daño le puede hacer: el despido.
El acoso moral en el trabajo (mobbing) tiene un principio y un final. El final casi siempre termina en despido o en el abandono del trabajo por parte de la víctima ante el insoportable sufrimiento que esta violenta conducta le infringe. Sin embargo, el principio de estos comportamientos se manifiesta de diferentes maneras: infundir calumnias o rumores sobre las víctimas, hacerles el vacío, criticar sistemáticamente cuanto hacen, destruir su reputación, dejarlas sin nada que hacer, rebajar sus responsabilidades o sobrecargarlas con todo el trabajo, etc.
En España, este fenómeno afecta a más de un millón y medio de personas ( un 12% de la población ocupada). Y los expertos se atreven ya en calificarlo como el mayor riesgo laboral a que están expuestos los trabajadores. Sin embargo, este fenómeno no está contemplado en la normativa vigente, ni existen mecanismos para identificarlo, ni armas jurídicas para hacerle frente.
Ante esta otra indefensión jurídica que vienen padeciendo las víctimas del acoso psicológico en el trabajo, los socialistas hemos presentado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Navarra sendas proposiciones en las que se plantean las siguientes peticiones a los Gobiernos de España y de Navarra:
Que se promuevan planes de información y divulgación entre empresarios y trabajadores sobre las consecuencias negativas del mobbing. Y que éste sea considerado como un factor de riesgo laboral, a los efectos de su inclusión en la planificación de la prevención.
Difundir entre los facultativos de la sanidad pública las consecuencias que originan el acoso moral en el trabajo para que puedan diagnosticarlo y establecerlo como enfermedad profesional.
Incluir el mobbing en el catálogo de enfermedades profesionales.
Que las mutuas asuman su responsabilidad en el tratamiento, cura y rehabilitación de las consecuencias originadas por este fenómeno.
Que el acoso moral en el trabajo sea equiparado a las sanciones graves que se derivan del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
En relación con esta última cuestión (sanciones), la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla que se pueden imponer sanciones a los empresarios, que según el grado de las mismas, la cuantía puede oscilar entre cinco y cien millones de pesetas. Incluso dependiendo de la gravedad de los daños causados a los empleados, también se puede utilizar la vía penal para juzgar al empresario infractor.
Cabe destacar que mientras otras conductas abusivas como el acoso sexual o la violencia de género, ya están contempladas en el Código Penal como delito, de igual modo el acoso moral en el trabajo también debe contemplarse, y ello compete a todos, pero fundamentalmente al Gobierno de España. Pues mientras los culpables de infringir daño a las personas mediante esta perversa guerra psicológica no duerman durante el tiempo que un juez estime conveniente en la fría sombra de la cárcel, no se podrá acabar con esta tortura.
La aparente dureza que empleo en algunos términos de este escrito está motivada por el dolor, la impotencia y la indefensión que sufren las inocentes víctimas del acoso moral en el trabajo. Pues es totalmente intolerable, cruel e inhumano que haya un millón y medio de personas en nuestro país que padecen vejaciones, depresiones, ansiedad, humillación, temor y miedo, causados por el mobbing. Y mientras dichas personas sufren silenciosamente esa destrucción psicológica e incluso física, sus agresores siguen actuando impunemente. ¡¡Basta ya!!
Fernando Viedma es parlamentario foral por el PSN-PSOE
Deia marzo 2001
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