Es un hecho lamentable que el acoso moral en el trabajo afecte en nuestro país a más de un diez por ciento de nuestra población laboral, con todas las consecuencias que esto conlleva: gastos altísimos en materia de seguridad social : medicación costosa, bajas laborales, pensiones por invalidez, etc...

Desgraciadamente uno de los grandes problemas para combatir este problema social deriva de nuestro incongruente sistema de pensiones. Al resultar computables exclusivamente los últimos 15 años de nuestra vida laboral, en lugar de la totalidad de los realmente cotizados, se coloca al trabajador acosado en una situación de angustia e indefensión añadidas, si el acoso coincide con estos últimos años. Y los acosadores son muy conscientes de este factor y del modo de utilizarlo...

Difícilmente podremos combatir el psicoterror laboral si no se modifica nuestro insólito sistema y se realiza el cálculo sobre la totalidad de los años cotizados. De este modo, las personas afectadas perderían el miedo a denunciar con la consecuencia de verse luego abocados al cobro de una pensión, llegado el momento, miserable e injusta a pesar de haber cotizado incluso más de los 35 años necesarios para una pensión máxima, ya que la denuncia comporta en la mayoría de casos el despido o el abandono del lugar de trabajo en una edad de difícil posibilidad de reinserción laboral.

En nuestro actual mercado de trabajo, lleno de contratos basura, de aprendizaje, temporales, etc... Los empleados con más antigüedad resultan comparativamente "caros" y, exclusivamente este factor economicista, los convierte en víctimas preferentes de acoso. Es importante que las Administración, las instituciones y las diversas asociaciones que se crean para combatir el acoso, sean muy conscientes de la asociación, que en numerosos casos de hostigamiento laboral, se da entre el acoso y nuestro sistema de pensiones y de la necesidad de incluir su reforma de modo prioritario.

ALGUNOS DATOS FINALES:

El volumen de fraude detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la contratación temporal asciende al 42,8% sobre el total de las empresas investigadas. La investigación se terminó de realizar a 18 de diciembre de 2001. El importe defraudado se calcula en unos 800.000,--euros. Este tipo de fraude es prácticamente inviable en los contratos fijos de larga duración.

Datos de la proposición no de ley presentada el 15 de enero de 2002 por una diputada del Grupo Parlamentario Socialista-progresista en la Asamblea de Madrid a la Cámada de Diputados:
"La encuesta sobre Condiciones de Vida y Trabajo en la Unión Europea, basada en 21.500 encuestas y publicada por la OIT en diciembre de 2000 estima en un 9% el número de trabajadores afectados por este problema"(mobbing). "según la encuesta de la OIT, más del 30% de los trabajadores expuestos al acoso han tenido que estar ausentes del ámbito laboral más de 12 meses- El gasto social que todo ello genera, tanto en costes por las enfermedades producidas, como en la formación necesaria para proceder a la sustitución de estos trabajadores, más ls que se derivan de pérdida de productividad, han sido estimados en el citado informe en miles de millones de euros". Nos podemos permitir esta situación? En realidad el gasto producido por esta práctica lo pagamos entre todos los contribuyentes. Las bajas las cubre la Seguridad Social, también la mayor parte del importe de la medicación y, asimismo, las pensiones por invalidez. Los empresarios no pierden nada por practicar mobbing. Lo que puedan perder lo compensan sobradamente con contratos eventuales, de "formación", etc...

Un caso típico: El Sr. X comenzó a sufrir mobbing cuando tenía 45 años y llevaba 30 trabajando en la empresa (empezó a trabajar con 14 años). Tenía a su cargo a su esposa (en paro) y dos hijos en edad escolar. Como la mayoría de familias españolas tenían una hipoteca de 20 millones de pesetas. Al Sr. X, se le degradó en su trabajo. De ejercer como jefe de un departamento de contabilidad, pasó a realizar tareas auxiliares y llevar una bata azul. Se le obligó a ocuparse de hacer fotocopias exclusivamente. También, durante un tiempo, lo tuvieron aíslado en un cuarto cerrado y no se le asignaba ninguna tarea. Se le insultó y se le amenazo reiteradamente hasta que desarrolló un cuadro ansioso-depresivo. Por miedo a perder su empleo y un sueldo que necesitaba, el Sr. X no se atrevió a denunciar su situación ni tan siquiera al comité de empresa. Actualmente, el Sr. X lleva casi 10 años sufriendo mobbing. Su cuadro ansioso depresivo se ha agudizado y somatizado provocándole diversas disfunciones que le han afectado, incluso, en su motricidad. Lleva 18 meses de baja y ahora pasará a ser valorado por un Tribunal médico. Su esperanza es que, en el "mejor" de los casos se le conceda una pensión de invalidez, Si no la consigue, su única alternativa será ir cogiendo bajas, por uno u otro motivo (que los tendrá de sobra) hasta llegar a la edad en la que haya cotizado lo suficiente durante sus últimos años de "vida" laboral para poder cobrar él (...o su viuda) una pensión decente. El Sr. X es un caso "hipotético", pero seguro que hay miles de señores X...
Si el Sr. X supiera que su pensión se va a calcular por la totalidad de la vida laboral, seguramente denunciaría a la empresa y obtendría un despido improcedente, más una indemnización por daños y perjuicios, que le permitiría vivir holgadamente hasta el momento de su jubilación. Incluso, es más que posible que sus terrores se minimizaran y pudiera recuperar, al menos en parte, su salud física y psíquica...
De este modo, la dignidad del Sr. X sería parcialmente restituida y terminaría su calvario. La empresa pagaría por todo el daño que le ha provocado y los presupuestos de Seguridad Social (que pagamos todos los españoles) no tendrían que asumir estos gastos millonarios e injustos.