JUANA SÁNCHEZ MONTERO, SECRETARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) POR LA UGT. MILITANTE DEL PSOE

Según el estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares, un 11,4% de los españoles son víctimas de acoso laboral o mobbing. Esto quiere decir que 1.671.956 trabajadores, lo que equivale aproximadamente a todos los habitantes de Sevilla y su provincia, se levantan cada mañana sabiendo que la destrucción de su imagen profesional y social, el impedirle realizar el trabajo que les gusta y consiguieron con esfuerzo, la humillación, el aislamiento, el deterioro de las relaciones familiares, la incomprensión de los compañeros y amigos, etcétera, les esperan durante todo el día y las pesadillas, en que vuelven a repetirse las humillaciones sufridas, le impedirán dormir la noche siguiente. Y esto durante meses o años hasta que el deterioro físico y psicológico les lleve a solicitar el despido, la baja laboral, o el cambio de su puesto a otro, impuesto por la empresa, donde todo se volverá a repetir.

¿Cómo es posible que en la sociedad actual en la que se defienden los derechos humanos y laborales se pueda dar esta situación?

Sólo hace falta una víctima que reacciona ante el autoritarismo de un superior y no se deja avasallar, personas brillantes y empáticas, con una gran vocación por el trabajo que realizan, con situaciones personales y familiares altamente satisfactorias y un gran sentido de la justicia. Por otro lado hay que contar con la precariedad laboral, una mala organización en la empresa que permita comportamientos fascistas, un grupo que apoye el acoso y un hostigador principal con una serie de rasgos patológicos que le empujan a destruir a aquellas personas que poseen unos valores que ellos no tienen: mediocres profesionales, manipuladores, oportunistas, con una doble personalidad que les permite simular, mentir compulsivamente, y que niegan el sufrimiento que provocan en la víctima, achacándole a ésta todos los problemas. El acosador necesita para su impunidad del secretismo por la vergüenza que sufre el trabajador al no poder explicar las formas sutiles de humillación que sufre diariamente y los testigos mudos, compañeros que miran para otro lado por miedo o porque ven una forma de ascender.

Siguiendo las recomendaciones de la UE, algunos países están aprobando leyes que impidan este asesinato psicológico. En mayo pasado lo hizo Francia penalizando con hasta un año de cárcel y 2,5 millones de pesetas a los acosadores. En España los sindicatos, grupos políticos y los profesionales en Salud Laboral han conseguido que el problema se conozca y que el 19 de junio pasado el Senado, por unanimidad, aprobara instar al Gobierno a modificar la ley y adoptar las medidas para evitarlo.

EL PAIS . Septiembre 2001.